Militarización en Paraguay

Más información sobre la reunión en Paraguay

La militarización de cuerpos y territorios es una práctica presente a lo largo de América Latina y el Caribe. La militarización de territorios va de la mano de la industria extractivista y también de las políticas de “seguridad” donde una policía cada vez más militarizada y los mismos militares toman mayor presencia en las calles de la mayoría de los países de la región.

La militarización de los cuerpos se manifiesta por la imposición del servicio militar y la presencia del militarismo en escuelas y espacios civiles como también por la imposición de un heteronormalismo que impone una concepción única de la sexualidad, reforzada por una masculinidad militarizada. También es evidente en la presencia militar asociada a iniciativas extractivistas lo que obliga a mucha gente a disponer sus cuerpos para esas operaciones. Esto afecta principalmente a grupos de menos recursos económicos y a movimientos sociales. El objetivo de esta militarización no es otro que el control social.

La mayoría de los países de la región invierten grandes sumas de sus presupuestos en el gasto militar que contrasta con el limitado gasto de politicas sociales y de bienestar. La militarización de las policias para combatir el crimen organizado pero también usadas para la represión social hacen que las fuerzas policiales y militares esten presentes en el día a día de una gran parte de la población en la región.

Marinakue:

Paraguay no es ninguna excepción cuando se trata de militarización, el país viene viviendo un fuerte proceso de militarización a contar de la mitad de los años 2000. Actualmente, entre otras cosas, los militares han sido desplegados por “emergencias” de las subidas de ríos con la excusa de ayudar a las personas afectadas por las inundaciones, inundaciones que son resultado directo de la deforestación causada por la plantación de soja y la cría de ganado, así como hay tres departamentos del Norte del país permanentemente militarizados por decretos gubernamentales bajo la excusa de combatir a una supuesta guerrilla, denominada Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. La militarización de esta zona está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) conformada por fuerzas militares, policiales y antidrogas.

La masacre de Curuguaty en el 2012 es el caso más emblemático de este contexto de militarización y crisis que afecta al proceso democrático y a la historia política del Paraguay. Marinakue es el nombre de la finca ubicada en el distrito de Curuguaty que ha sido objeto de una ocupación y reivindicación por parte de un grupo de campesinos. Un irregular y confuso proceso legal desencadeno un procedimiento judicial-policial con orden de allanamiento de la finca que terminó siendo ejecutado operativamente por la policía, generando un enfrentamiento armado con un saldo de 17 personas fallecidas y gran cantidad de heridos con armas de fuego. Perdieron la vida 11 campesinos y 6 uniformados de la policía. Los campesinos denunciaron torturas y ejecuciones. Una semana después, tras un juicio político, el Presidente de la República Fernando Lugo era destituido por el Congreso; la principal causal en el libelo acusatorio resultó ser “la Masacre de Curuguaty”.

Posterior a la masacre la fiscalía imputó y procesó a medio centenar de campesinos por delitos de “asociación criminal”, “invasión de inmueble ajeno” y “homicidio doloso en grado de tentativa”. La muerte de 11 campesinos no ha sido incluida ni siquiera en la investigación.

12 de los procesados han sido recluidos en penitenciarías y han soportado varias y prolongadas huelgas de hambre durante todo el proceso en reclamo de sus legítimos derechos. Hoy día, 11 de ellos se encuentran con Arresto Domiciliario y solo 1 carga con la medida de Prisión Preventiva, por otro caso. La Defensa ha presentado acciones en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de D.D.H.H. y diversos organismos civiles como Codehupy y Amnistía Internacional han elevado informes contundentes que incriminan al Estado paraguayo en graves violaciones contra los derechos humanos.

El juicio oral del caso fue iniciado el 27 de julio de 2015 y concluyó el 18 de julio de 2016 con condena a todos los acusados y acusadas, tal cual se temía, pese a que todo el proceso fue denunciado por sus aberraciones jurídicas y faltas al debido proceso. Las acciones para revertir esas condenas y anular el juicio continúan.

Las familias y vecinos de los y las campesinas condenadas reocuparon parte de Marinakue levantando allí un asentamiento, el cual se ha planificado como una asentamiento modelo para la subsistencia y autogestión. El asentamiento ya cuenta con una capilla y una escuela básica.Pelao Carvallo.