Corea del Sur: Se presenta un recurso constitucional contra la ley de servicio militar alternativo punitivo

Un objetor de conciencia de Corea del Sur que actualmente realiza su servicio alternativo como personal penitenciario ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de servicio militar alternativo punitivo. El recurso se basa en que la ley de servicio militar alternativo es inconstitucional por su carácter punitivo.

En Corea del Sur existe el servicio militar obligatorio y todos los hombres sanos deben realizar el servicio militar de 18 a 22 meses. En diciembre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley que introduce el servicio alternativo, tras las históricas sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en 2018, para los objetores de conciencia que se niegan a tomar las armas por motivos religiosos o de otro tipo.

La nueva ley, sin embargo, establece medidas punitivas extremas para los objetores de conciencia, entre las que se incluye la obligación de trabajar en una cárcel u otros centros penitenciarios durante 36 meses. Según la ley, durante este periodo de tres años, los objetores de conciencia están obligados a trabajar, comer y dormir en las cárceles, aunque vivan separados de los reclusos.

La petición presentada ante el Tribunal Constitucional el 25 de enero afirmaba que la ley de servicio alternativo viola la libertad de conciencia y los derechos a la felicidad y la igualdad.

Según informó el Korea Times, el peticionario, que al parecer es testigo de Jehová y comenzó su servicio alternativo en una prisión local en 2020, "insistió en que dos cláusulas de la ley, que exigen 36 meses de servicio en el campamento, el doble de la duración del servicio activo de 18 meses, son contrarias a la Constitución, debido a su carácter punitivo".

Se sabe que este es el primer recurso constitucional presentado en relación con la ley de servicio alternativo.

El primer grupo de 63 objetores de conciencia comenzó su servicio alternativo en instalaciones correccionales locales, en octubre de 2020, tras la introducción de la ley de servicio alternativo en diciembre de 2019. Durante su servicio de 36 meses, a los objetores de conciencia se les asignan tareas como, servir y cocinar comidas y apoyar la gestión de las instalaciones.

Como informó Amnistía Internacional, con 36 meses de duración, el servicio alternativo de Corea del Sur es el más largo del mundo y los objetores de conciencia surcoreanos "se enfrentan a poco más que un castigo alternativo."

En una declaración de diciembre de 2019, Amnistía Internacional también destacó otros motivos de preocupación en relación con la ley, como que el servicio alternativo no está totalmente bajo el control de un organismo civil, separado de las autoridades militares. La ley establece que las solicitudes de servicio alternativo son evaluadas por un comité dependiente de la Administración de Personal Militar, que forma parte del Ministerio de Defensa Nacional.

Como dice la declaración de Amnistía Internacional

En virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, los Estados con servicio militar obligatorio están obligados a ofrecer alternativas genuinamente civiles. Éstas deben tener una duración comparable a la del servicio militar, y cualquier duración adicional debe basarse en criterios razonables y objetivos. El proceso de evaluación de las solicitudes para ser reconocido como objetor de conciencia y cualquier servicio de trabajo posterior también debe estar bajo la autoridad civil.

Dos expertos independientes de la ONU, que escribieron al gobierno de Corea del Sur en noviembre de 2019 sobre el proyecto de ley de servicio alternativo, también destacaron preocupaciones similares.