Reivindicación y lucha en Colombia frente al militarismo y la mercantilización del territorio

Los proyectos, acciones y posturas estatales centrados en la mercantilización y el extractivismo del territorio, históricamente se han consolidado como el escenario predilecto para la militarización de estos. Así, las resistencias de las comunidades se configuran como luchas legítimas que buscan reivindicar el territorio y la lucha por la garantía de los derechos humanos. Estas resistencias vislumbran caminos posibles frente a un Gobierno que perpetúa un vínculo con el territorio desde una postura mercantilista y que de alguna u otra forma responde a una lógica guerrerista.

Desde 2011, se han iniciado esfuerzos para combatir la erradicación forzada y la aspersión con glifosato a cultivos ilícitos, así como también posibilitar el retorno de víctimas de desplazamiento forzado. La alternativa son proyectos de sustitución de dichos cultivos, a través de proyectos productivos que promuevan la superación de las condiciones estructurales de pobreza de dichas comunidades. No obstante, la postura del actual Gobierno y las presiones de EUA han generado que la promoción de dichas estrategias haya caído significativamente. Además, se ha priorizado el retorno de la erradicación forzada, que se consolida nuevamente como medida represiva y sin garantías, y que deja un costo bastante alto en materia de derechos humanos. Además, las irregularidades en este proceso son constantes, dado que la ausencia de entes, que por ley deben verificar y confirmar las acciones por parte de la Fuerza Pública en los territorios, es amplia y se justifica dicha ausencia por medio de la actual pandemia[1].

Frente a lo anterior, las resistencias, objeto de amenazas también, se han configurado como luchas legítimas que exigen la garantía de sus derechos. Ejemplo de esto son los campesinos del sur de Córdoba (Organización social campesina, defensora de derechos humanos y de los acuerdos de paz) que se han movilizado como resistencia ante la erradicación forzada  “para no permitir que se avance mucho más en lo que pareciera ser una política de gobierno que desconoce y no implementa realmente el acuerdo con las FARC-EP, tal y como quedó firmado en noviembre de 2016”[2].

La publicación del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria[3], evidencia que en 2020 se han registrado 51 enfrentamientos entre los campesinos y la fuerza pública, en donde en el 20% de los casos se registró uso de armas de fuego por parte del Ejército. En territorios del Guaviare y Meta las comunidades se han manifestado para exigir sus derechos, acciones que han sido criminalizadas, estigmatizadas y la respuesta estatal ha sido desproporcionada mediante el uso de operativos militares que atentan contra la vida de las personas. En Cúcuta, la Ascamcat[4] y la COCCAM[5] han denunciado el inicio de labores de erradicación forzada y exigen el monitoreo de las violaciones a Derechos Humanos. Así, la militarización como respuesta estatal para el control territorial ha dejado como consecuencia la violacion de derechos humanos, el evidente desconocimiento de los acuerdos, y la intención concreta de silenciar las resistencias.

Bajo esa misma lógica, la aspersión aérea con glifosato, suspendida desde 2015, retorna como estrategia de erradicación de cultivos, lo cual acentúa la evidente incapacidad del gobierno en generar estrategias productivas alternativas para la reducción de dichos cultivos. Resulta importante entender que volver a esta práctica es una decisión de ir en contra de evidencia científica centrada en la demostración sobre los impactos que tiene sobre la salud y en la poca efectividad que ha demostrado tener[6]. Así, la decisión del gobierno frente al uso del glifosato, es determinar si la vida y salud de las comunidades que habitan estos territorios son de interés estatal y, en consecuencia, si responde al mandato constitucional de salvaguardar la vida de las personas.

Las luchas de resistencia al glifosato han estado siempre constituidas por cientos de campesinos. En el panorama nacional se podrían reconocer a diferentes líderes como: Nidia Quintero, vocera de la COCCAM e integrante de Fensuagro; quien junto a otros líderes campesinos logró que Putumayo fuera el primer departamento en firmar acuerdos destinados a la sustitución colectiva. Sin embargo, con la llegada del gobierno Duque, el programa se detuvo y la violencia y presencia de grupos armados empezó a aumentar. Por su parte, Arnobis Zapata, líder reconocido por las estrategias de resistencia frente a los planes de erradicación, logró que en 2015 se frenara por primera vez a una comisión de erradicación. Su trabajo y lucha lo llevaron al lanzamiento de la COCCAM con la que junto a alrededor de 800 campesinos, afrocolombianos e indígenas buscaban presionar al Gobierno Santos para la implementación del punto 4 del acuerdo[7]

Frente a la negativa al acuerdo de paz y a la intención de reactivar la erradicación, el líder  Juan Pablo Salazar, junto con otros líderes conformó Asocordillera en 2016. Desde ese momento se han mantenido estrategias de resistencia buscando reactivar la sustitución de dichos cultivos, y frenar el ingreso de disidencias de las FARC y de grupos narcotraficantes. Este año lograron conseguir que un Tribunal Administrativo del Cauca respaldara su batalla centrada en la implementación del acuerdo de paz, consiguiendo la suspensión de la erradicación y la aspersión aérea en los municipios de Caloto, Cajibio y Piamonte en el Cauca.

Las luchas campesinas y de comunidades indígenas son las que han logrado avances desde el punto de vista legal y son las que en medio del abandono del estado y la militarización de los territorios siguen exigiendo la sustitución de cultivos, estrategias de producción alternativa y garantías de sus derechos.

Resistencia en Colombia

El territorio del Cauca ha sido uno de los lugares de Colombia más afectados por la violencia a causa del conflicto armado, la lucha contra las drogas y la constante llegada de proyectos extractivistas que llegan a generar un impacto ambiental en los territorios indígenas. Actualmente, es importante recalcar que la lucha contra la erradicación de cultivos ilícitos, así como la fumigación con glifosato, se ha comenzado a trasladar a departamentos como el Cauca, Valle del Cauca y Catatumbo[8]. Así mismo, la permanente persecución y asesinato a líderes sociales genera un panórama que acentúa la problemática y afecta directamente a comunidades de campesinos, indígenas y afrocolombianos, así como a los defensores de la tierra y sus recursos naturales[9].

No obstante, desde finales de los 90, las comunidades indígenas del Cauca han comenzado a organizarse para defender sus territorios, rechazar la violencia sistemática y la militarización de sus tierras. La presencia de la Fuerza Pública, por medio de las políticas de la guerra contra las drogas, destruye continuamente sus territorios. A partir de esto, nace la Guardia Indígena, resistencia que ha comenzado a amplificar su voz y sus acciones en sus territorios, por medio de acciones que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional. También, en meses recientes, decidieron movilizarse desde sus territorios hasta Bogotá, alzando su voz, pidiendo que los protejan, que los dejen vivir en paz en sus territorios. Un grito para desmilitarizar sus tierras, pero ante todo, exigiendo al Gobierno que los escuche y que los deje de ignorar pues los están asesinando en sus territorios. La Guardia Indígena es un ejemplo de organización comunitaria y defensa de sus territorios sin necesidad de la Fuerza Pública, es amor por nuestras raíces indígenas, es respeto por nuestras tierras, por la naturaleza y por la vida.

Por otro lado, desde los tiempos de la Colonia y de Benkos Biohó[10], en los territorios del Norte del Cauca y en San Basilio de Palenque, se ha organizado y fortalecido la Guardia Cimarrona. Esta resistencia ha articulado a los pueblos afrocolombianos para exigir sus derechos, ejercer su autonomía, proteger sus territorios, su ancestralidad e identidad, así como protegerse a sí mismos. De esta manera, debemos reconocer que en los territorios donde se articula esta resistencia actualmente se enfrentan a retos vitales, tales como, el constante racismo estructural, el daño ambiental a sus territorios, la violencia por parte de actores armados y la pandemia. Esta última ha servido para acentuar estas problemáticas, así como visibilizar el abandono por parte del Gobierno en una de las comunidades étnicas que conforman nuestro país, siguiendo la línea de ese racismo histórico.

También se hace importante reconocer que, en San Basilio de Palenque, la Guardia Cimarrona cumple un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad en los territorios. Según reflexiones realizadas por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, podemos observar que en estos lugares se conserva la posición de no recibir el apoyo permanente de la Fuerza Pública. Este panorama le brinda mayores herramientas y responsabilidades a las personas que conforman la Guardia Cimarrona por medio de acciones, tales como, vigilar y controlar las áreas protegidas, prevenir, investigar y combatir la delincuencia en el territorio[11]. En este sentido, se hace una experiencia fundamental de rescatar y reflexionar a la hora de plantear el rol que tiene la militarización de los territorios y qué alternativas se pueden encontrar para mitigar estas acciones estatales.

De la misma manera, los territorios en donde opera la Guardia Cimarrona, se están enfrentando directamente a la problemática del cambio climático, lo cual está poniendo estos territorios al borde de un colapso y de emergencias. Esto se da producto de los ríos que se encuentran amenazados o se han secado, así como también de las escasas temporadas de lluvia que inciden directamente en los cultivos. Esta situación no sólo genera daño en la población sino que también, según el Proceso de Comunidades Negras, nace como “una oportunidad para aquellos que siempre han buscado apropiarse de sus reservas agrícolas”[12]. Por último, el abandono estatal ha atenuado las emergencias ambientales, sanitarias y alimentarias que ya se presentaban en estas comunidades, no obstante, es válido reconocer las resistencias de estos grupos que ante esta situación de abandono generan procesos para organizarse, exigir sus derechos y también encontrar alternativas frente a un gobierno que los ha olvidado y discriminado a lo largo de la historia de Colombia.

La resistencia es un acto diario y es nuestro deber seguir frente a un cambio climático que crece cada vez más y frente a gobiernos que refuerzan la explotación del territorio. Estas experiencias deben servirnos de inspiración para seguir resistiendo por un mundo mejor para todos los seres que lo conforman, así como regresar a esa conexión con nuestras raíces ancestrales en las que el respeto y el amor por la naturaleza son parte vital del vivir. Son esas luchas las que marcan el camino y las que han logrado avances a nivel jurídico y social, y son, entonces, las que hay que acompañar y respaldar como parte fundamental de nuestras resistencias cotidianas.