¿Se está pareciendo la policía británica cada vez más al ejército?

Betsy Barkas

La reciente ola de oposición a la violencia policial en los Estados Unidos bajo el lema #BlackLivesMatter ha alertado al mundo del preocupante uso de fuerza letal por varias fuerzas policiales de los Estados Unidos contra las comunidades negras. Sin embargo, mirando más de cerca a algunas de las tendencias en la policía británica indican que el público británico no debería ser complaciente con su propia situación.

El concepto de “actividad policial por consentimiento” hace tiempo que ocupa un lugar especial en el discurso público sobre la actividad policial en el Reino Unido. Elaborado por el primer Director General de la Policía Metropolitana (el jefe de la policía londinense) a principios del siglo XIX, las prescripciones clave de la “actividad policial por consentimiento” son el uso mínimo de la fuerza, el reconocimiento de que el poder policial se deriva de la aprobación del público y la idea de que la policía cuenta con la “cooperación voluntaria”.

¿Pero son estos principios algo más que una bonita idea? Por lo menos en parte, fueron creados para ganarse al público que estaba receloso y alarmado con los esfuerzos del gobierno para establecer la policía metropolitana en primer lugar. Una opinión extendida en aquella época era que las fuerzas policiales deberían estar bajo el control local, en vez del control del gobierno nacional. Este es uno de los motivos por los que hasta el día de hoy, el Reino Unido no tiene una fuerza policial nacional a diferencia de muchos otros países.

Pero las comunidades negras y de emigrantes británicas siempre han sufrido una vigilancia policial desproporcionadamente fuerte, así que “la actividad policial por consentimiento” nunca ha sido universal, si alguna vez existió. De hecho, hay una larga y vergonzosa historia del uso de la fuerza letal por parte de los policías británicos –y una falta de rendición de cuentas básica para las familias de las víctimas-. Acontecimientos recientes en el uso de armas y una desdibujada frontera entre el ejército y la policía ofrecen más motivos para la preocupación.

Arsenal

La controvertida compra de tres cañones de agua en 2014 suscitó la preocupación pública de que el ideal de una fuerza policial desarmada estaba bajo amenaza. El uso potencial de este tipo de arsenal, junto con la reducción de las libertades de manifestación y reunión, plantearon serias dudas sobre la capacidad de los ciudadanos británicos para ejercer sus libertades democráticas. A principios de este mes, la Secretaria de Interior parecía titubear sobre este asunto cuando anunció que el uso de los cañones de agua no sería aprobado hasta después de las elecciones generales del Reino Unido en mayo.

Quizás, incluso más preocupante, es el uso rutinario de Tasers (pistolas de electrochoque manufacturadas por una empresa llamada Taser International). Introducidas en un principio para ser usadas por oficiales especializados, las Tasers son ahora distribuidas a policías de a pie. Aunque catalogadas como “menos letales”, Amnistía informa que en los Estados Unidos, desde 2001, ha habido más de 500 muertes después de descargas con Tasers bien durante el arresto o mientras en la cárcel. En el Reino Unido, los casos individuales del uso de Taser han aumentado abruptamente en los últimos años y ahora está en los miles cada año. Recientemente han salido unas cifras mostrando que las Tasers eran usadas desproporcionadamente en las comunidades negras en Londres y que, niños de tan solo 11 años, estaban siendo sometidos a las Tasers. La Secretaria de Interior ha pedido una revisión de su uso.

El brazo largo de la ley

Sin embargo, estos últimos debates públicos sobre el nuevo arsenal no deberían distraernos de la preocupante larga historia del uso de la fuerza, a veces letal, por las fuerzas policiales británicas.

La política sobre armas de fuego del Reino Unido es rara entre las fuerzas armadas a nivel global, en que los oficiales no van armadas “rutinariamente”. Sin embargo, unidades armadas existen para apoyar a las fuerzas individuales. Parte de su papel es responder reactivamente a incidentes relacionados con armas. Pero las unidades armadas también son usadas “proactivamente” en operaciones policiales relacionadas con la droga, las armas de fuego y el contraterrorismo. Estas operaciones “proactivas” se basan fuertemente en el manual militar, usando redadas al alba y dependiendo de los métodos de recogida de información que están exentos del escrutinio público ya que se mantienen secretos en subsiguientes procesos judiciales. Otra táctica particularmente polémica usada por las unidades armadas es la “parada dura”: agentes en coches de policía, armados, en ropa de calle, interceptan otro vehículo para confrontar a los sospechosos usando una agresión física extrema diseñada para dar “conmoción y pavor” a los sujetos para que se rindan.

Las trágicas muertes de Azelle Rodney en 2005 y Mark Duggan en 2011 a manos de agentes armado después de dos de estas operaciones “paradas duras” preparadas de antemano, demostraron un número de similitudes. A través de los procesos de investigación y consulta, se ha establecido que no hubo una planificación suficiente, inteligencia limitada y alguien que no constituía una amenaza inminente y ni portaba ningún arma fue matado a tiros. Otras muertes por disparos de la policía que no incluían una “parada dura”, como Anthony Grainger en 2012, Jean Charles de Menezes en 2005 y Harry Stanley en 1999 también demuestran la trágicas consecuencias de combinar la fuerza letal con estereotipo, conjetura e inteligencia limitada.

El tirador de la policía que disparó a Azelle Rodney ocho veces en la cabeza y el cuerpo ahora se enfrenta a un cargo de asesinato. Sin embargo, las tragedias que resultan del uso de fuerza letal por parte de la policía, en general, no atraen diligencias penales, incluso en las raras ocasiones en que las investigaciones declaran un veredicto de “asesinato ilegal”. De hecho, no ha habido un enjuiciamiento por homicidio exitoso de un policía por una muerte bajo custodia en los últimos 30 años. Las rutas legales vitales para impugnar estas tácticas policiales siguen estando, en gran parte, fuera del alcance de las familias y del público en general.

El Contraterrorismo: el campo de batalle viene a casa

Está especialmente claro lo difuminado que la policía y el ejército se han convertido en el ámbito del contraterrorismo. La polémica sobre la manera en la que estas operaciones estaban siendo dirigidas salió a la luz por primera vez después de la muerte del electricista brasileño Jean Charles de Menezes, muerto a tiros en su camino al trabajo en un vagón del metro por agentes ejecutando una operación de contraterrorismo chapucera a raíz de los atentados de Londres del 7/7 en 2005. Posteriormente se supo que había habido una serie de fallos en la comunicación y estrategia dentro de la operación policial. Al menos parte de la confusión surgió de la ley “Kratos” –una serie de protocolos contraterroristas que habían sido desarrollados después del 11/9 después de consultar con una variedad de fuerzas policiales nacionales, incluidas las de Israel y Sri Lanka.

Lo que sorprendió a mucha gente en el periodo posterior fue que la ley Kratos recomendaba múltiples disparos en la cabeza: de Menezes fue disparado en la cabeza siete veces. Lo que no fue tan señalado fue que la justificación legal habitual para el uso de la fuerza fue neutralizada por el nuevo protocolo. La directriz convencional para armas de fuego non-Kratos dicta que los agentes solo deben disparar cuando hay una amenaza inmediata y que este criterio jurídico se aplica a cada disparo individual. En su lugar, Kratos substituyó una estructura de mando basada en un supuesto de que un comandante tendría acceso a inteligencia que los agentes sobre el terreno no tendrían –aumentando la posibilidad de que eficazmente, los agentes recibirían órdenes para disparar a matar, aunque los agentes nunca han admitido que Kratos llegase a ser así.

Más recientemente, las iniciativas de contraterrorismo han invitado a la participación del ejército en funciones policiales. Después de Charlie Hebdo y las matanzas en el supermercado judío de París, unidades del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés, parte del ejército británico), después de ser destinados a Irak, Afganistán y Libia, fueron destinados a las calles del Reino Unido a trabajar con la policía en el mayor despliegue militar doméstico desde las Olimpiadas de Londres de 2012. El SAS está, aparentemente, trabajando junto a las unidades “Humint” –servicios de inteligencia encubierto usados en Afganistán e Irak, ahora destinados en las ciudades del Reino Unido-. Es difícil de ver cómo estas operaciones pueden ser llamadas a rendir cuentas; no hay casi ninguna información en el dominio público sobre estas unidades encubiertas o el SAS.

Un debate urgente

El espectáculo de las Fuerzas Especiales en las calles de París después de los asesinatos de enero es algo que, en otro momento, se hubiera considerado chocante –los comentaristas casi ni lo mencionaron-. ¿Refleja esto la aceptación tácita del borroso límite entre el ejército y la policía? Un ambiente de miedo generalizado parece estar reforzando la posición de aquellos que argumentan que una fuerza policial más militarizada es la única manera de mantener al público a salvo; en enero, la amenaza de unos ataques similares en el Reino Unido se usó como una justificación para mantener a 25 agentes armados en Manchester, que iban a ser jubilados.

Pero es justamente es estas ocasiones, cuanto el estado ve al sus propios ciudadanos como el “enemigo interior” que cuestionarse el uso de la fuerza dentro de la policía es incluso más importante. En su conjunto, estas tendencias hacia la militarización de la policía necesitan un debate urgente y mucho más amplio.

Betsy Barkas es una activista en temas de la responsabilidad policial, racismo y el uso de la fuerza, y está involucrada en varias campañas de base en Londres.